Democracia colombiana dio un salto hacia atrás con el derrocamiento del alcalde de Bogotá
En la eliminación de un rival presidencial de su cargo con base en un
tecnicismo legal, Juan Manuel Santos no le ha hecho ningún favor a Colombia
The Guardian, Jonathan Glenni
El mes pasado, el presidente colombiano,
Juan Manuel Santos, tomó una decisión que podría socavar los intentos de
presentar a su país como una democracia moderna y afectar al delicado proceso
de paz que se está negociando con el grupo guerrillero de las Farc en La
Habana.
Se ratificó la destitución del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, segundo
más importante político elegido por sufragio directo del país, y el ex
guerrillero de más alto perfil en los cargos públicos.
El despido de Petro fue solicitado el año
pasado por Alejandro Ordóñez, el procurador general. Una alta proporción
de los funcionarios públicos en Colombia están relacionados con la
violencia o el crimen organizado, o implicado en la corrupción - hasta un
tercio de los miembros del Congreso se cree que tienen vínculos con bandas
paramilitares. De hecho, anterior alcalde de Bogotá está en la cárcel por
vender obras de construcción a sus compinches.
El crimen de Petro estaba fallando a
seguir los procedimientos de competencia cuando se trasladó funciones de
recogida de residuos de la ciudad de manos de cuatro grandes empresas privadas
a la propiedad pública. No hubo ninguna sugerencia de cualquier tipo de
beneficio personal.
En la mayoría de los países
democráticos, este delito menor costaría el titular en las urnas; Se
esperaba que Petro utilizar el trabajo de Bogotá como base para una candidatura
presidencial. Pero en un movimiento que sugiere la democracia de Colombia
a no ser más que una fachada, Petro no sólo ha sido derrocado, sino también
prohibió presentarse a un cargo público durante 15 años.
Petro ha calificado la medida como un
golpe de Estado. Esta es, quizás, el lenguaje exagerado, pero la
naturaleza altamente política de este caso está fuera de duda. Los
observadores reconocerán un intento deliberado de socavar un político de
izquierda.
Petro, quien estaba llevando a cabo un
programa de izquierda con audacia, se eliminó en lo que sólo puede ser descrito
como un tecnicismo. Su derrocamiento fue implementado por un activista de
derecha infame, Ordóñez, que ha compartido públicamente sus dudas sobre el
proceso de paz.
A pesar de muchas críticas a su gestión
como alcalde, Petro ha seguido siendo popular entre las clases sociales más
pobres de la ciudad y de todo el país. Él ha tratado de reducir el
transporte y el precio del agua para los más pobres, y aumentar el presupuesto
de educación. Antes de convertirse en alcalde pasó muchos años confinados
en vehículos blindados, con su familia bajo vigilancia constante, ya que
descubrió vínculos entre los grupos paramilitares y los más altos cargos en la
tierra. Él era, sin duda, un líder de conciencia elevada a un alto cargo
por medios democráticos.
Todos aquellos que se preocupan por el
desarrollo y la erradicación de la pobreza deberían preocuparse por este giro
de los acontecimientos. Petro podría haber manejado el asunto de forma más
inteligente, ya que estaba tomando en intereses poderosos. Pero se debe
dejar a la gente para medir el éxito de un alcalde, no un grupo de funcionarios.
Los de la izquierda que buscan seguir
una ruta política no violenta a la inversión de la arraigada desigualdad y el
elitismo en la sociedad colombiana pueden mirar en este caso y se preguntan por
qué se molestan. En un país donde la izquierda ha sido víctima de tanta
violencia, los esfuerzos por integrar plenamente a los políticos de izquierda
en el gobierno al más alto nivel deben ser justos y considerados
justos. Eso ha sucedido en Colombia, sobre todo con el ex guerrillero
Antonio Navarro Wolf, quien es gobernador del estado de Nariño, en el
sur. Pero la causa se ha retrasado.
El presidente Santos, por supuesto,
redactada su decisión en cuanto a cumplir con la ley y el respeto de las
instituciones, y desde luego no puede haber sido una conclusión a la que llegó
con facilidad. Tengo respeto por este presidente, a pesar de no estar de
acuerdo con muchas de sus políticas, y creo que es la mejor esperanza para
Colombia tiene paz formal que se acuerden. Pero tenía otras dos opciones.
Podría haber respetado la conclusión de
la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) a favor de Petro y pidieron su renuncia a ser
re-evaluado. En su lugar, puso en duda la autoridad de la comisión - y el
manejo de su gobierno de la relación con la CIDH fue criticado por su (ahora
ex) vicepresidente. O podría haber permitido a un referendo revocatorio,
llamado por muchos opositores de Petro y fijar para el mes próximo, para tomar
su lugar. En su lugar, hizo un movimiento netamente político que, aunque
legal, fue presumiblemente para apuntalar su apoyo a la derecha para las
próximas elecciones presidenciales en mayo.
Algunos ven en este caso como una
demostración de que el imperio de la ley triunfa sobre el interés político y
partidista en Colombia. Lo contrario es cierto. Cuando un sistema
legal confirma la eliminación de un líder democrático para este tipo de
problema técnico que el problema es mucho peor que un ideólogo derechista
abusar de su posición de influencia. Todo el sistema se pone al
descubierto, y los temores de millones que nunca van a conseguir a un juicio
justo está justificada.
Hay mucho que esperar en el país, pero
esta decisión debería avergonzar a todos los colombianos que buscan ayudar a la
transición hacia la democracia y la modernidad.
